Viceministra presenta 10 primeras medidas para intervenir las cárceles de Honduras, aislamiento y desarme entre ellas
La viceministra de Seguridad y encargada de la intervención de los centros penitenciarios de Honduras, Julissa Villanueva, presentó este martes un decálogo de las acciones a tomar ante la crisis generada en las cárceles del país.
En ese sentido, Villanueva aclaró que se trata de 10 medidas claves en la primera etapa de la emergencia declarada en el sistema penitenciario hondureño, después que el 8 de abril de 2023 se registrarán cuatro reyertas en las cárceles del país.
La funcionaria afirmó que la comisión interventora trabajará duramente, con respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, para que los recintos carcelarios del país “no sean escuelas del crimen”.
En su exposición dijo que no confrontará a ningún privado de libertad y sí lo hará con la corrupción y el delito.
“Quien no se apegue a la legalidad conoce ya las consecuencias. Este trabajo no sólo lo estoy haciendo yo, se trata de un equipo multidisciplinario en donde la Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia, Poder Legislativo, Conatel, Hondutel, también serán protagonistas del ordenamiento en el Sistema Penitenciario”, mencionó.
Dijo que los nombramientos efectuados en la estructura del Instituto Nacional Penitenciario son momentáneos y certificó que los que integren ese instituto deberán pasar pruebas de confianza bajo una auditoría pormenorizada.
Previo a presentar el decálogo de acciones, Julissa Villanueva hizo una radiografía de cómo se encuentran actualmente los 26 centros penitenciarios.
La subsecretaria de Seguridad indicó que las cárceles del país están actualmente “manejadas al antojo de criminales”, por lo que buscarán que el Estado vuelva a tomar la gobernanza de las mismas.
Además reiteró que los 25 presidios están en hacinamiento. En la actualidad, guardan prisión 19,966 personas pese a que su capacidad es de 15 mil lo cual refleja una sobrepoblación.
Estas son las primeras medidas que tomará la interventora de las cárceles de Honduras:
1. Desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el 100 por ciento de las instalaciones físicas.
2. Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales de las comunicaciones internas y externas.
3. Remoción y depuración del personal penitenciarios y de los policías en todas las cárceles, iniciando con una evaluación profesional y exhaustiva inmediata los directores de los recintos penitenciarios, iniciando con Támara, La Tolva, El Pozo, y El Porvenir.
4. Instalación de emergencia y desarrollo tecnológico del sistema de monitoreo y vigilancia electrónica con control central las 24 horas del día.
5. Traslado y reubicación de los privados de libertad de los propios centros penitenciarios con mayor concentración y considerando la gravedad de los crímenes, acusados, el estado del proceso localizados en El Pozo, La Tolva, Támara y Morocelí.
6. Reclasificar y aislar a los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y de armas.
7. Revisar expedientes administrativos de los presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación y otras condiciones. Evaluarán condiciones jurídicas para otorgar indultos a casos de menores y otros.
8. Evaluar y practicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integran las cárceles.
9. Aumentar número de agentes penitenciarios y policías, y les dotarán de equipo de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y revisión de salarios.
10. Crear un banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad, con base a ciencia.