Tito Asfura se presentó voluntariamente a los tribunales ante requerimiento Fiscal
21/10/24. El precandidato presidencial nacionalista Nasry «Tito» Asfura, se presentó este lunes a los tribunales de justicia para enfrentar un requerimiento que le interpuso por segunda vez el Fiscal Luis Javier Santos, por el supuesto desvío de recursos de la comuna capitalina entre el 2017-2018, causa que administrativamente fue resuelta por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), donde se demostró que no existe delito penal, sino una sanción administrativa que ya fue cancelada por el encausado en este caso desde el año pasado.
El fiscal Santos, inició el proceso de investigación contra Asfura, en el 2019- 2021, en el gobierno nacionalista del expresidente Juan Orlando Hernández, donde el fiscal general era Oscar Chinchilla, coincidiendo con un período de campaña política y aparentemente debilitar sus simpatías al acusarle por actos de corrupción en su momento.
Este mes de octubre 2024, nuevamente el fiscal interpone otro requerimiento Fiscal, por la misma causa, justificando que lo anterior fue un antejuicio donde el pidió la privación de dominio de bienes patrimoniales por la supuesta malversación de unos 28 millones de lempiras, pero la acción en los tribunales competentes, se resolvió dejar sin efecto esa medida, considerando que se demostró lo contrario a los delitos que le imputaban, según se sabe; Asfura y los investigados se presentaron a declarar a los tribunales y al final se logró la resolución de la devolución de sus bienes y a todos los encausados.
En tal sentido, coincidiendo con un nuevo proceso electoral y en el gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya, el fiscal Santos, reconocido simpatizante del partido LIBRE que coordina el expresidente Manuel Zelaya y donde militan varios ex fiscales como Jari Dixon Herrera, según dirigentes nacionalistas la pretensión de este proceso nuevamente es tratar de inhabilitar al máximo líder del movimiento «Papi a la orden», considerando al precandidato con mayores posibilidades de ganar las próximas elecciones generales del 2025, ante los desaciertos del gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya.
Al respecto, el abogado defensor Dagoberto Aspra, previo a la presentación e inicio del proceso, expresó que pedirá la suspensión del mismo, porque tiene una incidencia directa con otro de los imputados, refiriéndose a la ex regidora y diputada al Parlamento Centro Americano Nilvia Castillo, que goza de un beneficio legal de tratarlo ante la Corte Suprema de Justicia directamente, es decir el caso pasaría de los tribunales al Poder Judicial, en el marco de la Ley.
Aspra indicó que «hay un elemento que el señor fiscal no consideró y que ha sido considerado en otros requerimientos fiscales en que él ha presentado y tampoco el juez no lo ha considerado. Son situaciones que creo que las desconocen y las vamos a poner para que el juez las pueda valorar previo a la audiencia de declaración de imputados».
Asimismo agregó que «cualquier resolución que el juez emita está sujeta a un recurso de apelación, es en principio de doble instancia. Nosotros haríamos uso de ese recurso, entraríamos a la audiencia bajo protesta, sin entenderse de que estamos aceptando tácitamente la resolución, sólo quedaría en suspenso de que el tribunal de alzada la resolviera en su momento».
Reafirmó que presentará todas las pruebas y argumentos sobre el arraigo de su defendido «para poder entrar ya al fondo de la audiencia de declaración de imputados. Sin embargo, como le digo, hay una situación previa que tiene que pronunciarse el juez previo a entrar a la audiencia».
Sobre la emisión de supuestas ordenes de captura, Aspra, en declaraciones a los diferentes medios de comunicación previo al ingresar a los tribunales, expresó que «gracias a Dios el señor fiscal tuvo, el señor fiscal Luis Santos tuvo a bien valorar de que no existían riesgos de fuga ni riesgos de extracción de la justicia. El mismo, en el requerimiento fiscal él pidió que se citaran todos los ocho imputados y ahí mismo, en el mismo requerimiento fiscal él expone que se apliquen medidas distintas a la prisión preventiva, medidas cautelares, por lo cual esa es la expectativa que traemos, una expectativa favorable en esta audiencia¨.
Entre otras cosas, el togado señaló que existen otros antecedentes que no fueron valorados por el Fiscal ni por el juez, al momento de admitir el requerimiento fiscal, que se han considerado en las diferentes imputaciones que ha hecho la Uferco, tanto la Ufecic como la Uferco y va a tener incidencia en lo que es el conocimiento del juez, por lo cual esperaríamos que el juez al tenerlo en su escritorio, no sé si ha ingresado aquí al edificio de los juzgados, nomás ingrese, le vamos a través de la secretaria que se lo haga ver para que él pueda valorar los elementos que estamos planteando y decida él suspender la audiencia, no continuarla o continuarla a pesar de eso y nosotros hacer uso de los recursos».
Indicó que sobre este mismo proceso, «se pronunció en la Sala Penal en el 2021. Son varias situaciones, pero hay una relevante que es la que nosotros la vamos a dar a conocer a ustedes, un elemento que mucha gente tal vez desconoce, pero que nosotros sí lo vamos a traer a consideración».
Sobre los diferentes delitos que se les imputan a los acusados, Aspra detalló que «yo me digo, estos delitos yo los hemos enfrentado como antejuicio, los hemos enfrentado en la acción de privación de dominio, en la alcaldía de la capital, existe un fondo rotatorio que mensualmente se le da al señor alcalde. Actualmente el señor alcalde actual maneja el fondo rotatorio de 550 mil lempiras mensuales que es para ayudas humanitarias, que debe ser liquidado conforme a un reglamento y todo eso ha sido auditado por el Tribunal Superior de Cuentas. Tenemos la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas de cuentas donde no declara ninguna responsabilidad penal en contra de una reafirma».
El defensor legal de «Papi a la Orden» indicó que presentarán todas las pruebas y resoluciones de las autoridades competentes, donde se logró demostrar que no existe delito penal, sino una falta administrativa y donde el fiscal Santos quiere justificar que si lo hubo, aunque ya se le demostró en el ante juicio y donde no pudo demostrar los delitos que imputó a Tito Asfura.
Explicó que a nivel de pruebas, en la audiencia inicial, presentará que su defendido tiene arraigo y no corre el riesgo de huir a la justicia, que debe ser valorado por el juez que conoce la causa, agregó que también representa a la diputada del Parlacen Nilvia Castillo, y que los demás señalados otros abogados profesionales.
Nación
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