Sureños denuncian tráfico ilegal de madera en varios municipios de Choluteca
24/05/24. Mientras las autoridades no se atreven a hablar o denunciar abiertamente el tráfico ilegal de madera en la zona sur del país, los pobladores locales relatan cómo arriesgan sus vidas para proteger los bosques. Este problema persiste en municipios como Namasigüe, El Corpus, y Santa Ana de Yusguare, donde los ciudadanos han tomado medidas por su cuenta ante la inacción gubernamental.
Pobladores locales narran las dificultades que enfrentan al tratar de detener el corte ilegal de madera. "Amenazas de los pirómanos y de los que se dedican al corte de madera son constantes, nos ha tocado salir a medianoche con la policía y otras autoridades para detener a quienes talan árboles y sacan madera en trozos durante la noche, no es fácil, pero lo hacemos para proteger nuestros bosques," relató un residente de Namasigüe.
La comunidad ha tratado de colaborar con la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Namasigüe, El Corpus, y Santa Ana de Yusguare para evitar la tala ilegal, pero los esfuerzos no siempre han sido efectivos. "A pesar de nuestras denuncias y esfuerzos por evitar la deforestación, la corrupción y la falta de recursos hacen difícil controlar la situación," agregó otro poblador.
Luis Andrés Rueda, alcalde de El Corpus, confirmó la existencia de explotación ilegal en áreas como Agua Fría, Zapotal, Bijagual y San Juan Arriba.
"Hemos denunciado la explotación ilegal de madera de color en estas zonas de amortiguamiento, aunque hemos llevado el caso a las autoridades correspondientes, no hemos recibido la atención necesaria. ICF y el ejército nacional deberían poner más atención en estas áreas," afirmó Rueda.
Mauricio Turcios, alcalde de Yusguare, mencionó que aunque no se han registrado incendios de madera en su municipio, sí han habido intentos de deforestación. "En Yusguare, una regla para obtener un permiso de corte es que el solicitante debe sembrar al menos cinco árboles y se le dará seguimiento durante dos años para asegurar su crecimiento," explicó Turcios.
Responsabilidad Compartida
La deforestación ilegal no puede ser atribuida únicamente a los alcaldes municipales. "Todos somos responsables del lugar donde vivimos. Si bien los alcaldes pueden emitir permisos, es el ICF quien tiene la autoridad final para aprobar la tala de bosques," puntualizó Turcios.
Con el nuevo decreto de emergencia ambiental por parte del gobierno nacional, se espera frenar los abusos cometidos al medio ambiente. Este decreto, que apuesta por la cero deforestación, busca mejorar la situación y proteger los bosques a largo plazo.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de la cooperación y el compromiso de todas las partes involucradas, desde autoridades locales hasta la comunidad en general.
La lucha contra el tráfico ilegal de madera en la zona sur de Honduras requiere de un esfuerzo conjunto entre autoridades, pobladores y organizaciones ambientales. Solo mediante una vigilancia constante y un compromiso real se podrá proteger los recursos naturales y garantizar un medio ambiente saludable para las futuras generaciones.
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