Nueva ley de "escuchas" permitiría intervenir redes sociales de mensajería
El Congreso Nacional de Honduras avanzó en la aprobación de una nueva 'Ley de Escuchas', la cual ha superado dos de los tres debates necesarios para su aprobación. Esta legislación permitiría a la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial intervenir la intranet, lo que ha generado controversia y preocupación entre algunos sectores.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, expresó su oposición a esta disposición, argumentando que la intervención de la intranet debería ser competencia exclusiva del sistema jurídico. Además, señala que los operadores de telecomunicaciones estarían obligados a entregar en menos de 24 horas el historial de comunicaciones solicitado, lo que considera una violación de los derechos de los ciudadanos hondureños y potencialmente de algunos extranjeros que visiten el país.
Específicamente, el artículo 23 de la iniciativa detalla los registros que podrían ser intervenidos, incluyendo llamadas, videollamadas, mensajes de voz, mensajes de texto y direcciones IP, así como "otros tipos de registros de servicios de telecomunicación que puedan implementarse en el futuro."
El diputado Umaña prevé que la próxima semana se llevará a cabo el tercer y último debate para la aprobación final de esta ley, que consta de 30 artículos centrados en garantizar la seguridad de los hondureños a través del monitoreo de dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos celulares.
Por otro lado, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, defiende la importancia de esta ley para combatir la criminalidad, especialmente en casos de extorsión. Argumenta que las llamadas provenientes de cárceles y el uso de teléfonos celulares para actividades delictivas requieren un mayor control. Sin embargo, también destaca la necesidad de garantizar que se respete el derecho a la privacidad de las personas, permitiendo las escuchas y vacíos telefónicos únicamente mediante una orden judicial para fines de investigación.
El debate en el Congreso continúa mientras diferentes posturas intentan encontrar un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la protección de los derechos individuales en el uso de las tecnologías de comunicación.
Nación
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