Medicina Forense retomará autopsias y levantamientos de cadáveres progresivamente
La Asociación de Fiscales de Honduras (FAH) emitió un comunicado informando que a partir de hoy martes, la Medicina Forense del Ministerio Público comenzará a realizar levantamientos de cadáveres de manera progresiva en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. La doctora forense Ana Molina también confirmó que las autopsias comenzarán a realizarse a partir de este martes como un gesto de buena voluntad, ya que se ha avanzado en la partida presupuestaria para el pago de las peticiones después de dos meses de paro de labores en exigencia de un aumento salarial para los fiscales y empleados del Ministerio Público.
La doctora Molina espera que el fiscal general Oscar Fernando Chinchilla los llame a una reunión mediante un documento previamente firmado por cada uno de los representantes de los trabajadores del Ministerio Público. Este acto de buena voluntad es una respuesta al comunicado emitido la semana pasada por el fiscal general adjunto, Daniel Arturo Sibrián, en el que se invita a los trabajadores a entablar un diálogo y negociación.
Molina reiteró que las autopsias y levantamientos de cadáveres comenzarán de manera paulatina en las próximas horas y no de manera general en todo el país. Sin embargo, advirtió que si no se reciben respuestas concretas a finales de la presente semana, volverán al cierre total de las instalaciones.
La galena solicitó a las autoridades que brinden el pago de combustible, ya que la Dirección de Medicina Forense de Tegucigalpa no cuenta con cuartos fríos y utiliza un termoking que requiere combustible. Según Molina, se gasta aproximadamente 100 mil lempiras semanales para mantener los cuerpos en buen estado de refrigeración.
La demanda por un aumento salarial de los empleados y fiscales del Ministerio Público ha alcanzado un nivel crítico. Los encargados de practicar autopsias y registros de cadáveres han suspendido sus actividades como medida de presión. Sin embargo, hasta el momento no hay acuerdos finales por parte del fiscal general, legisladores del Congreso Nacional (CN), ni la Presidencia de la República.
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