Ley de Justicia Tributaria ha sido ampliamente socializada afirma director del SAR
El ministro director del Sistema de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, este martes desmintió que la Ley de Justicia Tributaria, dejará pérdida de empleos y a Honduras como el país más pobre de Latinoamérica.
El funcionario expresó que el proyecto de Justicia Tributaria que está siendo remitido al Congreso Nacional, «no es una propuesta de un pequeño grupo de funcionarios radicales como han querido señalar. La remisión del decreto fue aprobada en gabinete de Gobierno por unanimidad ayer lunes».
La revisión de las exoneraciones fiscales, además, de ser una recomendación planteada hace más de una década por diversos organismos internacionales, es una propuesta contenida en el plan de Gobierno para la refundación del país.
En ese sentido, el titular del SAR apuntó que la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria ha sido ampliamente socializada desde septiembre pasado con todos los sectores, y la diferencia con las administraciones gubernamentales anteriores, es que «ahora si hay un Gobierno que defiende y representa al pueblo. Nunca más negociaciones detrás de la puerta y planteamiento que un madrugón se presentaban en el Congreso Nacional desde salones en la que el pueblo no podía acceder», cuestionó.
Además, de mencionar otros elementos, Ochoa, enfatizó que la esencia de la propuesta de ley «es combatir la corrupción y la evasión fiscal, y no podíamos mantener las recomendaciones de que debíamos tener figuras como acciones al portador las cuales han sido derogadas en toda Centroamérica».
Asimismo, «no podíamos aceptar propuestas que nos decían que no debíamos intercambiar información bancaria y tributaria con 146 países. Tampoco que empresas ocultarán quiénes eran los dueños, por tanto, todas esas medidas contenidas en el proyecto aspiran a limpiar la corrupción que ha sido la norma por más de 140 años de existencia de las exoneraciones en el país.
«La Ley de Justicia Tributaria no es un ataque contra la empresa privada y ni siquiera a muchas empresas exoneradas que no han cometido abusos o actos de corrupción, pues a estar se les va a respetar todo el tiempo de goce la exoneración», puntualizó el director del SAR.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, aclaró que «es falso de que obviamos de que los empresarios son quienes más contribuyen al bienestar de la población, y de que se ataca que el emprender es un pecado».
«En ningún momento hemos atacado, sino que denunciamos abusos y hemos señalados casos de corrupción, por ende, hemos llamado a la sociedad para que hagamos los cambios y las transformaciones necesarias, para que en el país la prosperidad sea compartida y que tengamos niveles de justicia y de equidad que urgen para la convivencia pacífica», refirió el ministro.
Pastor de María dijo que «estamos claros que la empresa privada es un socio crucial en el trabajo de desarrollar al país y para salir de la profunda crisis que nos aqueja, pues para eso es la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria, por ende, necesitamos de la mano de los y las empresarias hondureñas trabajar para resolver el problema en contra de abusos y corrupción».
Detalló que la referida ley busca en esencia «propiciar que la competencia sea equitativa, y que la desleal ya no sea la que predomine, porque le ha hecho daño mucho daño el país y lo tiene sumido en la pobreza y en desigualdad».
«Señores de la empresa privada acompáñenos, los necesitamos en este camino para reconstruir a Honduras», instó el funcionario sobre las reformas profundas en el tema de la Ley Tributaria.
Nación
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