En libertad se defenderá excapitán Santos Orellana dicta corte de apelaciones
El exmiembro de las Fuerzas Armadas, su esposa Jennifer Bonilla y suegra Reina Lizeth Bonilla se sometieron a juicio este lunes por ser supuestos responsables del delito de lavado de activos, correspondiente a 238 millones de lempiras.
Después de haber iniciado la instancia judicial se conoció que la Corte de Apelaciones Penal declaró "ha lugar" el cambio de medidas contra Santos Orellana y sus familiares luego que el pasado 20 de marzo la Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional lo denegó.
En aquel momento, se informó que el miembro de la institución castrense presentó la caución hipotecaria de 2 bienes inmuebles, pero esta no fue aceptada por no ser "proporcional con el valor supuestamente lavado".
Las tres personas acusadas fueron detenidas el 4 de noviembre de 2021, desde entonces cumplían prisión preventiva, y ahora con la reclusión de la corte deberán cumplir las medidas de:
"Quedar bajo el cuidado y vigilancia de sus abogados, presentarse a firmar periódicamente ante el tribunal, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir a determinados lugares y prohibición de comunicarse con determinadas personas", informó la portavoz del Poder Judicial, Lucia Villars.
Los imputados comenzarán a defenderse fuera de prisión una vez se le sea notificado al tribunal, sin necesidad de que presenten fianza o caución al Estado.
Caso del capitán en retiro
El capitán en condición de retiro por baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas (FF AA), Santos Rodríguez Orellana, y su esposa la abogada Jennifer Lizzeth Bonilla fueron capturados el 4 de noviembre de 2021 en el Aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Su suegra Reina Lizeth Bonilla fue detenida el mismo día en Copán.
La acusación contra las tres personas es por presuntamente no justificar 238 millones de lempiras.
Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, un testigo protegido aseguró que cuando Santos Orellana participaba en operaciones antinarcóticos se quedaba con parte de la droga incautada.
Además, presuntamente distribuía armamento decomisado en una organización criminal de la zona atlántica de Honduras. También habría participado en la muerte de un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Este lunes comenzó el juicio en su contra previsto para durar hasta el 11 de mayo.
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