Emiten requerimiento fiscal por fraude y estafa contra empleados y notarios del INP
El Ministerio Público emitió un nuevo requerimiento fiscal con órdenes de captura contra ocho individuos acusados de aprovechar el sufrimiento de 50 familias afectadas por el incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula en mayo de 2004, donde perdieron la vida más de 107 reclusos.
Según la investigación, después de las trágicas muertes, los familiares presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como "Caso Pacheco Teruel y otros". En 2012, se dictaminó que el Estado de Honduras debía indemnizar a cada una de las 107 familias con L317,289.72. Estos fondos comenzaron a pagarse en 2017, después de que la Directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) creara una comisión para cumplir con la sentencia.
Sin embargo, el Ministerio Público descubrió que 49 cheques pertenecientes a igual número de familias fueron cambiados en el Banco Central de Honduras por una misma persona, quien actuó con poderes que nunca les otorgaron las víctimas.
Además, se encontraron inconsistencias en la documentación, como las firmas de los afectados y las huellas, así como la falta de autorización en muchos expedientes por parte de la Comisión creada en el INP. Esto reveló una trama en la que empleados del INP se apropiaron ilegalmente del dinero de las víctimas en colaboración con notarios públicos.
El Ministerio Público ha solicitado órdenes de captura y continuará el juicio contra los imputados por los delitos de fraude, estafa, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.
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