Emiten requerimiento fiscal contra exministro Héctor Ayala por estafa en compra de camiones
13/08/24. El Ministerio Público de Honduras presentó un requerimiento fiscal en contra de Héctor Leonel Ayala Alvarenga, exsecretario de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización, a quien se le imputa el delito de estafa en calidad de autor.
Ayala Alvarenga es acusado de “orquesta” una presunta defraudación al Estado mediante la compra de siete camiones destinados al Cuerpo de Bomberos, con un valor que supera los 80 millones de lempiras.
Junto a Ayala Alvarenga, también enfrentan cargos Guilfredo Cerrato Santos y Héctor Martín Cerrato Velásquez, ambos asesores del exfuncionario, quienes están señalados como cómplices en el delito de estafa. Además, Kerin Francisco Maldonado Aguilar, supuesto representante en Honduras de la empresa israelí B SAFE Security, está acusado de estafa en calidad de autor y uso de documento falso.
Las investigaciones del Ministerio Público indican que Ayala Alvarenga y sus asesores ejercieron presión para que la compra de los camiones se realizara de manera directa a B SAFE Security, a pesar de que la empresa no estaba registrada legalmente en el país.
Aun sabiendo que no había fondos suficientes para dicha transacción, gestionaron transferencias de recursos desde las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula hacia las cuentas del Cuerpo de Bomberos, amenazando incluso con despidos para concretar la operación.
Maldonado Aguilar, en su rol, habría presentado una oferta que prometía vehículos de la marca alemana MAN, equipados con tecnología avanzada para la lucha contra incendios. Sin embargo, los camiones entregados resultaron tener graves fallas mecánicas y técnicas. Un peritaje forense reveló irregularidades en el estampado de la serie del motor y que la carrocería no correspondía a la marca anunciada.
Los vehículos adquiridos, según la investigación, no son aptos para el transporte de agua, presentan un peso inadecuado, y su gran tamaño los hace “inmaniobrables” en las calles de las ciudades a las que fueron destinados. Esta situación no solo pone en entredicho la calidad de los bienes adquiridos, sino que también compromete seriamente la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos ante emergencias.
La gravedad de las irregularidades detectadas refuerza la acusación del Ministerio Público, que sostiene que el proceso de adquisición de estos vehículos fue manipulado para favorecer intereses particulares, en detrimento de la seguridad y el bienestar de la población hondureña.
Judiciales
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