Codeh se manifiesta en contra de retirar cárcel de Ilama e indulto a reos
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, señaló que la moción presentada en el Congreso Nacional por lel diputado del partido Libertad y refundación, Sergio Castellanos de cerrar "El Pozo", en Santa Bárbara no acabará con la violencia.
El protector de derechos humanos consideró que para disminuir los hechos violentos en los centros penales hondureños se deben dividir las maras y pandillas en cárceles distintas.
"Si tenemos dos gallitos de pelea en una jaula, van a pelear y tarde o temprano se van a matar", dijo Maldonado, al mismo tiempo señaló que la medida de separación se la propuso al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón y a la viceministra Julissa Villanueva, esta última encargada del plan de intervención al sistema penitenciario.
La moción de Castellanos para retirar "El Pozo", cárcel de Ilama, Santa Bárbara incluye que el edificio sea usado para fines sociales, como una regional del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Indultos
El pasado martes la funcionaria presentó diez medidas que componen el plan de intervención en los centros penales de Honduras, entre ellos, el indulto para descongestionar dichos recintos.
Esta figura, que beneficiaría a más de 7 mil reos, es una atribución que la Constitución otorga al presidente de la República para extinguir la o las penas aún no cumplidas, dispuestas mediante sentencia condenatoria firme dictada por un juez.
"El indulto es más política. Tuvo que haber salido del Instituto Nacional Penitenciario (INP) que tiene un 'machote' (borrador) sobre un decreto de 'gracia constitucional'", externó Maldonado, asegurando que los diputados detrás de la aprobación del mecanismo no conocen la problemática de las cárceles.
Plan de intervención en cárceles
Las estrategia presentada el pasado 18 de abril abarca desarme en las cárceles, bloqueos de señales telefónicas, remoción y depuración de personal penitenciario.
Además, instalacion de desarrollo de sistema de monitoreo y vigilancia, traslado y reubicación de los privados de libertad; y reclasificación y aislamiento de los privados con vínculos con estructuras criminales.
Asimismo, evaluación y práctica de pruebas de confianza al recurso humano policial y civil, el aumento de agentes penitenciarios y policías, y la creación de un banco de privados de libertad.
En el sistema penitenciario hondureño, compuesto por 25 centros penales, se encuentran 19,538 reclusos, según la presidenta de la Asociación de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, cuando la capacidad máxima ronda los 15 mil reos.