Autoridades denuncian presunta corrupción en transporte de migrantes en frontera de Guasaule
La gobernadora departamental, junto a autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, de la Aduana de Guasaule y de la comunidad acogida de Choluteca, realizaron un pronunciamiento público este miércoles para denunciar el presunto traslado irregular de migrantes en la frontera con el vecino país de Nicaragua.
En el comunicado, la gobernadora expresó su preocupación por el proceso de traslado de migrantes y señaló que no se descarta la existencia de corrupción en este nuevo hecho, que supone una tortura para las personas que buscan el denominado "sueño americano". Además, destacó la gravedad de que se estén autorizando personas con aparente documentación legal para transportar a los migrantes, subrayando que esta decisión debería ser tomada únicamente a nivel nacional y no por funcionarios de menor jerarquía.
Las autoridades presentes en el pronunciamiento, que incluyeron al director de transporte y al administrador de aduana, respaldaron las denuncias de actos irregulares y exigieron una investigación exhaustiva para determinar posibles actos de corrupción. Se hizo hincapié en que, de confirmarse estas irregularidades, sería un grave incumplimiento de la ley por parte del Estado.
En el pronunciamiento se reveló que se ha otorgado un permiso de transporte de migrantes a un concesionario identificado como Alex Samuel Ventura Vázquez, cuya placa vehicular es HAM 8257, de color blanco y verde, con capacidad para 30 personas. Sin embargo, se resaltó que la aduana ha paralizado las operaciones de este concesionario y se están realizando las investigaciones correspondientes, ya que no se cuenta con una comunicación oficial que avale dicho permiso.
El administrador de aduana de El Guasaule, Marlon Varela, denunció los actos irregulares y afirmó que detuvieron las operaciones de transporte de migrantes en la frontera de Guasaule. Aclaró que la responsabilidad del traslado recae en el concesionario mencionado y que él no autorizó ningún movimiento al respecto.
El delegado regional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Jairo López, respaldó al Instituto Nacional de Migración y afirmó que la regional no tiene ninguna responsabilidad en este asunto. Se cuestionó por qué se permite el transporte de migrantes en vehículos privados mientras que los autobuses del transporte público son judicializados y se les acusa de tráfico de personas. Se demandó una resolución por parte de las autoridades migratorias para este problema.
La coordinadora de la comunidad acogida de Choluteca expresó su desacuerdo con el transporte privado de migrantes y demandó el uso del transporte urbano público a favor de las personas en movimientos mixtos. Aunque no se proporcionaron datos específicos sobre el flujo migratorio en la zona, se hizo énfasis en la necesidad de contar con un protocolo claro para el ingreso y trámite de los migrantes en el territorio.
La Comisionada Nacional de Derechos Humanos, abogada Elba Reyes, anunció la apertura de un expediente para investigar al Inspector General del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Aunque se señaló que se debe escuchar la versión del inspector, se resaltó la importancia de socializar los canales de comunicación para evitar situaciones como esta. Asimismo, se hizo énfasis en que Choluteca cuenta con un comité conformado por diversas instituciones y organizaciones para apoyar a los migrantes y garantizar su protección internacional.
Las instituciones que participaron en esta actividad reconocen que los derechos esenciales de las personas no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana razón por la cual es obligación estatal la protección internacional quien o quienes están detrás de todo esto es la nueva pregunta que surge.
Choluteca
Hace: 1 años, 2 meses | Por:
