EEUU expone con informe abusos de DDHH por policías en estado de excepción


24/04/24. El departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante el año 2023, resaltando varios puntos críticos que incluyen abusos durante el estado de excepción y la corrupción gubernamental.

El informe destaca que se han registrado abusos en el marco del estado de excepción, así como violaciones a la libertad de expresión, corrupción en el Gobierno, debilidades en el poder judicial y persecución a activistas comunitarios y de la diversidad sexual, entre otros aspectos preocupantes para el Departamento de Estado estadounidense.

“La situación de los derechos humanos en Honduras era problemática debido al prolongado estado de excepción (estado de emergencia) y al aumento de la violencia de género. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las detenciones ilegales, el uso excesivo de la fuerza y ​​los abusos cometidos durante registros domiciliarios sin orden judicial cometidos en el contexto del estado de excepción. La violencia y la extorsión persistieron en niveles elevados, debido a la competencia entre las pandillas”, cita el informe en un inicio.



Las denuncias de prácticas de tortura, tratos inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad han captado particularmente la atención de Estados Unidos. Según el informe, el Comisionado de los Derechos Humanos reportó 66 casos de presunta tortura cometidos por las fuerzas de seguridad, mientras que el Ministerio Público informó sobre cinco casos hasta julio de 2023 y el Conaprev recibió 45 denuncias por el uso de tortura o tratos crueles e inhumanos.

Las detenciones arbitrarias, especialmente durante el estado de excepción, han sido motivo de preocupación para las autoridades estadounidenses.

Asimismo, la corrupción gubernamental y la falta de recursos para investigaciones, junto con demoras judiciales, han contribuido a una impunidad generalizada, incluso para miembros de las fuerzas de seguridad.

“El Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos o involucrado en corrupción, pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas”, señaló.

“La corrupción, la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales dieron lugar a una impunidad generalizada, incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad”, insistió EEUU con su informe.

El informe también aborda la ineficiencia judicial, que ha resultado en detenciones preventivas prolongadas, así como la falta de un sistema judicial equipado y eficaz, sujeto a intimidación, corrupción y politización.

El respeto a las sociedades civiles también ha sido objeto de crítica en el informe, destacando la censura autoimpuesta por parte de periodistas, representantes de derechos humanos y sociedad civil por temor a represalias del gobierno y sus partidarios.

Además, se señalan abusos sociales como los feminicidios, violencia contra miembros de la diversidad sexual, discriminación contra pacientes de VIH-SIDA y violencia de género.


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